Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha intensificado su asedio al Departamento de Justicia (DOJ) con reclamos administrativos por 230 millones de dólares, alegando indemnización por las indagaciones federales sobre interferencia rusa en su campaña de 2016 y el allanamiento del FBI en Mar-a-Lago en 2022 por documentos clasificados. Presentados en 2023 y 2024 bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, estos incluyen 15 millones en costos legales y 100 millones en daños punitivos, tildados por Trump como "persecución maliciosa" y "caza de brujas" para sabotear su retorno al poder.
La afrenta es evidente: Trump, al frente del DOJ, orquesta un pago que recaerá íntegramente en los contribuyentes, financiando con impuestos públicos —que sostienen al Estado— la supuesta reparación de sus batallas judiciales personales, como advierten fuentes del Tesoro federal. Este monto eclipsa los 207 millones abonados en 2025 por más de 250 reclamos del DOJ por discriminación laboral, abusos carcelarios o limpiezas ambientales, y supera asentamientos por tragedias reales como los 138,7 millones a víctimas de Larry Nassar o 144,4 millones por el tiroteo de Sutherland Springs.
Trump minimiza la grotesca paradoja: "Es extraño, me estoy pagando a mí mismo", dijo en el Despacho Oval, prometiendo donar el botín a caridad sin detalles. Pero expertos como Bennett L. Gershman, de la Universidad Pace, lo condenan como un "travestismo ético fundamental", con aprobación pendiente de aliados leales: Todd Blanche (fiscal adjunto y exdefensor de Trump), Pam Bondi (fiscal general, quien purgó al asesor ético en julio), Kash Patel (director del FBI) y Stanley Woodward Jr. (jefe de división civil, letrado de coacusados de Trump). Acuerdos por encima de 4 millones exigen su firma, cerrando un ciclo de impunidad.
El DOJ demoró acción bajo Biden por pausas en litigios durante procesos penales, pero ahora, con recusaciones vetadas —como la de Jeff Sessions en 2018, que Trump vilipendió—, las negociaciones prosiguen sin transparencia obligatoria. Antiguos funcionarios claman por la inacción previa, alertando que esta maniobra no solo drena recursos públicos en tiempos de crisis sanitaria y económica, sino que transforma la justicia en un instrumento de venganza personal, erosionando los contrapesos democráticos bajo el yugo de un liderazgo que prioriza el provecho propio sobre el bien común.
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